El presidente Daniel Ortega ha acelerado la expansión del extractivismo minero en Nicaragua. Entre el 2014 y hasta junio del 2021, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se han otorgado 274 concesiones mineras que suman 988.325 hectáreas. Adicionalmente, se encuentran en proceso de solicitud 120 concesiones que representan 1.927.842 hectáreas, más del doble de la superficie ya concesionada.

A pesar de las grandes cifras, estas se quedan cortas comparadas con el área disponible para la actividad minera en el país: 4.292.832 hectáreas, un poco más del 36 % del espacio terrestre nicaragüense. Pero esto no es todo, la Agencia de Promoción de Inversiones (PRONicaragua) en la que Laureano Ortega Murillo —hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo— es consejero, promociona que el 49,18 % de la superficie del país (6.412.036 hectáreas) está disponible para concesiones mineras.

Empresas mineras como Calibre Mining, Mineros, Mako y Condor Gold resaltan en sus sitios web las oportunidades de oro que les ofrece Nicaragua para consolidar sus proyectos, entre estas: un entorno político favorable, leyes que protegen sus inversiones, ventajas fiscales, repatriación de capitales y un amplio potencial de exploración.

Según la Guía del Inversionista 2021 de PRONicaragua, “dada la importancia de la minería para el desarrollo económico de Nicaragua, el Estado garantiza la estabilidad fiscal para la inversión nacional y extranjera”.

Las ventajas para las empresas mineras son muchas. Por ejemplo, la Ley de Admisión Temporal (382) permite la importación y compra local de materias primas, maquinarias e insumos sin pagar ningún tipo de impuesto, la exención de impuestos a los inmuebles dentro del perímetro de la concesión y ninguna carga tributaria para las exportaciones.   

Sin embargo, en la mayoría de los casos el deseo minero no nace desde el consentimiento de las comunidades sino que se ha impuesto desde el Gobierno Central, mediante arreglos con los grandes capitales extranjeros, señala un investigador que ha estudiado la evolución del extractivismo minero en Nicaragua, pero que pidió la reserva de su nombre, dado al complicado escenario político que se vive en el país.  

Fuente: La Voz Guanacaste

Categorías: Minería

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